Santiago de Querétaro, Qro.- En Sesión de Pleno de los diputados integrantes de la LVIII Legislatura, se guardó un minuto de silencio por los miembros del Ejército Mexicano caídos en el cumplimiento de su deber en el municipio de Badiraguato, Nayarit, el pasado 30 de septiembre, contando con la presencia del Mayor de Caballería Gilberto Pucheta Díaz, en representación del C. General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Cesar Gómez, comandante de la XVII Zona Militar de Querétaro.

Acto seguido, se aprobó con 24 votos a favor el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el artículo 217 bis y 217 sextus del Código Penal para el Estado de Querétaro, presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, ya queactualmente la legislación Penal contempla el delito de violencia familiar, como un delito no grave, que se persigue a petición de parte, esto es, por querella, salvo que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, con discapacidad o que por sus condiciones no esté en aptitud de comprender los alcances de la conducta o resistirse a ella, en cuyo caso será perseguido de oficio, es por ello que la finalidad de adecuar la norma penal a las necesidades que conlleva proteger a los miembros de una familia, es que el delito de violencia familiar en el estado, que se haya cometido en contra de cualquier integrante de la familia, debe ser perseguido de oficio por la instancia competente, y que sea obligación de la autoridad continuar con la investigación respecto de la comisión de dicho delito, sin que sea necesaria la voluntad expresa del violentado por encontrarse temeroso de sufrir nuevas agresiones físicas y/o psicológicas, que como consecuencia representarán detrimento en su vida, y en la de los demás miembros de la familia, para cumplir así con la obligación de contribuir a la erradicación de la violencia familiar y fomentar relaciones de convivencia familiar fundadas en la equidad, la justicia, la tolerancia y el respeto. Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad más de lo ya establecido.

La diputada Verónica Hernández expresó que esta iniciativa de ley busca que en cuanto la autoridad tenga conocimiento de alguna situación de violencia familiar sea su obligación investigar de fondo y al mismo tiempo tendrá que brindar el apoyo a la víctima en todo momento, además del respaldo legal y apoyo psicológico; dijo que la violencia familiar es un problema que continúa lastimando a la sociedad y en la mayoría de las ocasiones, por desánimo de la víctima provocado por el miedo que funda en ella su agresor o por el daño psico emocional que tiene que la víctima considera muchas veces  como normales esas agresiones, se encuentra sometida no solo física sino psicológicamente por su agresor, de tal modo que esta, opta por retirar la denuncia o en el peor de los casos simplemente no lo hace.

Por su parte, la diputada Isabel Aguilar, dio a conocer que en México el 50% de la población femenina enfrenta situaciones violencia intrafamiliar; se estima que en 7 de cada 10 hogares existe algún tipo de violencia al interior de sus familias.  Estudios sobre el tema dicen que vivir en una casa afectada por la violencia doméstica aumenta el riesgo de un niño de ser abusado o descuidado en un 1 mil 500 por ciento; los niños que sufren abuso infantil o negligencia son 59% más propensos a ser arrastrados como menores de edad y un 28% a ser arrastrados como un adulto; un 30% más propensos a cometer crímenes violentos; asimismo, los hijos varones de padres violentos son 10 veces más probables de abusar a sus esposas o novias cuando sean adultos; niños de padres abusivos tienen un 50% de probabilidades de abusar del alcohol y las drogas y 6 veces más propensos al suicidio, por lo que se deben generar propuestas de política de apoyo a las víctimas de violencia familiar y sexual que brinden apoyo psicológico y jurídicos a estas.

La misma comisión legislativa presentó el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el Código Penal del Estado de Querétaro, con el propósito de aumentar las penas previstas para el delito de abusos deshonestos, la justificación jurídica del aumento de la pena radica en que los tipos penales no deben limitarse en concepto como un simple tocamiento erótico sexual, pues se traducen en una conducta que por su gravedad y la forma en que la comete el agresor contra la víctima, pueden determinar la pena acumulativa de actos. Se debe actuar de manera rápida obrando siempre en favor de circunstancias que favorezcan los Derechos Humanos de todas las personas que llegan a ser víctimas de este delito, y en especial de aquellas menores de edad que por sus condiciones de vulnerabilidad están más expuestas a ser víctimas, adoptando así medidas legislativas que garanticen su oportunidad de integridad y bienestar social. Los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad son considerados como graves y es aquí donde el delito de abuso sexual subsiste. El Estado tendrá como objeto brindar la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que a la víctima de abuso sexual se le reconozca en todo momento su situación de vulnerabilidad en razón de su edad, en consecuencia, que se distinga que existen ciertos daños que requieren de una atención especializada, que responsa a las particularidades y grado de vulnerabilidad. Las autoridades deberán ofrecer garantías especiales y medidas de protección a niñas, niños y adolescentes y personas en situación de discapacidad. Este dictamen fue aprobado con 24 votos a favor y 0 en contra.

La diputada Leticia Mercado expresó que el derecho que tiene la infancia de vivir una vida libre de violencia es fundamental para su desarrollo pleno y es deber del estado garantizar la protección más amplia de sus derechos, por lo que el propósito de aumentar las penas para el delito de abuso deshonesto, es una acción reactiva a dichas conductas; señaló que el problema de violencia sexual en contra de los niños radica principalmente en que no existe una política pública de prevención adecuada y orientada a reducir los factores de riesgo asociados al delito. Dijo que la carencia de una normatividad administrativa que regule la forma de proceder frente a este tipo de abusos, la insistencia de mecanismos de atención para que estos casos deja en completa indefensión a las víctimas de dicho abuso, por eso este efecto al Ejecutivo del Estado a efecto de que se elabore un protocolo de actuación para la prevención y atención del abuso sexual infantil en las instituciones educativas.

El diputado Luis Antonio Rangel Méndez agradeció el apoyo de todos los grupos parlamentarios para construir un riguroso sistema penal que pueda acotar de alguna manera la actuación delictiva de personas que pretenden dañar a los niños de Querétaro, sin duda, la construcción del futuro pasa por la protección de la niñez, y hay un área de oportunidad enorme, pues las cifras que hasta el momento existen, dan evidencia de que en su mayoría de los abusos sexuales se dan en el entorno cercano de los propios niños y es lo que se busca prevenir por medio de esta legislación, se tiene que hacer un esfuerzo para que las autoridades administrativas pongan especial atención y se generen los protocolos adecuados para ayudar a proteger al futuro de Querétaro y su valor más preciado que sin duda son los niños

Se aprobó con 24 votos el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma los artículos 720, 722, 729, 730, 732 y 734 todos del Código Civil vigente para el Estado de Querétaro; adiciona los artículos 729 bis y 729 ter; y reforma la fracción V del artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Querétaro, presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, ya que en la actualidad existen dos vías para la constitución del Patrimonio de la familia, la vía de jurisdicción voluntaria de donde se desprende que cuando se quiera constituir el patrimonio de la familia, lo manifestará por escrito al juez de su domicilio, designando con toda precisión y de manera que puedan ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los bienes que van a quedar afectados; esta reforma pretende que, además de las dos vías existentes (vía sumaria y jurisdicción voluntaria) se agregue una más, que sería a través de Notario Público, con la intensión de simplificar los tiempos, esto es a través de una economía procesal, permitiendo al gobernado tener certeza jurídica y estabilidad patrimonial para él y su familia, pues la función pública notarial constituye una garantía para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos derivados de una operación, o pueda disfrutar libremente de sus bienes, sin ninguna perturbación.

El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia expresó que una de las grandes preocupaciones de  todas las familias es la de garantizar la formación de un patrimonio común. Dijo que la Constitución establece el derecho de todas las familias a poseer una vivienda digna, por lo que se busca la protección de ese patrimonio, sobre todo, conociendo la constante volatilidad de la situación económica actual. En el sistema jurídico se cuenta con la protección de este patrimonio, y es un deber garantizar el ejercicio de los mismos por la ciudadanía, máxime cuando se habla de brindar seguridad económica a la del principio de organización de la sociedad. Con esta iniciativa se pretende acercar a las familias a la protección jurídica necesaria que cuando menos una parte de su patrimonio económico se encuentre sin riesgo alguno, es que se pueda acercar este trámite más a la ciudadanía y se pueda constituir con mayor prontitud el patrimonio de la familia y no pueda ser embargado por futuras deudas que se contraigan por alguno de los integrantes de la familia y que no pueda ser hipotecado sin una verdadera razón para ello, en fin que no corra riesgos por deudas heredadas, con lo que se logrará calma en la adversidad financiera que viven las familias queretanas.

Por su parte, la diputada Antonieta Puebla dijo que el mayor reto que tienen los mexicanos es abatir la pobreza y desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución e impiden a millones de personas acceder a los beneficios del desarrollo, recordó que según cifras oficiales solo el 12% de las familias de escasos recursos tienen acceso al sistema financiero del país; el 60% de familias de escasos recursos recurren a financiamiento con alto costo y riesgo que ello implica; mientas que los usuarios del sistema financiero de ingresos medios y altos pagan en promedio tasas de 7.5 al 23% anual por los servicios de crédito, mientras que las familias de escasos recursos pagan intereses a tasas que van del 68 al 193% anual en promedio, circunstancias como estás generar un alto riesgo patrimonial entre las personas menos favorecidas, por lo que se deben generar las condiciones de seguridad para que las familias de menores ingresos puedan mejorar su calidad de vida asegurando jurídicamente el mínimo patrimonio familiar que han obtenido.

Por otra parte, los diputados aprobaron con 24 votos a favor el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, respecto a la Iniciativa de Decreto que autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar y enajenar a título gratuito, el inmueble ubicado en el ejido “La Lira”, Pedro Escobedo, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo estatal, con el objeto de que el inmueble cuya enajenación se autoriza, sea destinado por el IMSS, Delegación Querétaro, para la construcción y establecimiento de una Clínica Médica Familiar con cobertura amplia de servicios de salud en ese municipio.

En torno a este punto, la diputada Norma Mejía Lira, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que el expediente técnico en el que se apoyó la solicitud de desincorporación, cuenta con los elementos documentales suficientes para dictaminar en sentido favorable este proyecto. La legisladora expresó que se da un paso adelante en materia de salud, ya que con esta decisión se posibilita que los habitantes de Pedro Escobedo y comunidades aledañas, accedan a los servicios de salud que merecen, desde el primer nivel de atención, sin traslados que llegan a costar vidas y grandes esfuerzos económicos.

También hicieron uso de la voz los diputados María Alemán, Carmelita Zúñiga, Héctor Magaña y Jesús Llamas, quienes se pronunciaron a favor de la iniciativa, en razón del propósito que se persigue: construir una clínica que tenga todos los servicios que los escobedenses se merecen, beneficiando a alrededor de 60 mil ciudadanos.

Como parte del orden del día, se aprobó con 23 votos a favor, el Decreto por el que se concede pensión por vejez a la C. Tomasa Petra Hernández Mendoza. El diputado José González al hacer uso de la voz, dijo que al aprobarse este dictamen, se está dando cumplimiento al mandato jurisdiccional en los términos que este plantea.

En otro asunto, los legisladores también aprobaron con 24 votos a favor, el Acuerdo por el que se propone la integración de una Comisión Especial encargada de atender los procesos legislativos en materia de combate a la corrupción. Al dar lectura al mismo, el diputado Antonio Rangel Méndez, presidente de la Junta de Concertación Política, dijo que a esta comisión le corresponderá examinar, instruir y poner en estado de resolución los asuntos que le sean turnados para su estudio; emitir los dictámenes conducentes en la materia para la cual ha sido creada y, en su caso, formular las propuestas de nombramientos que correspondan.

Esta comisión estará integrada de la siguiente forma: Presidenta, diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas; Secretaria, María Antonieta Puebla Vega; integrantes, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Eric Salas González y Leticia Rubio Montes.

El diputado Mauricio Ortiz Proal respaldó este acuerdo, “nos parece fundamental para empezar a aterrizar con actos concretos un tema que le preocupa a la sociedad mexicana y de manera específica a la queretana”. El legislador ratificó su compromiso para crear esta comisión, para que a la brevedad se ponga a trabajar y todos los integrantes de esta Legislatura puedan verter ahí sus puntos comentarios, con el ánimo de enriquecer un sistema estatal que permita prevenir, combatir y sobre todo sancionar con severidad todos los actos de corrupción que pudieran estarse presentando en el estado.

Por su parte, la diputada Daesy Hinojosa se sumó a este tema que, dijo, es tan importante para los ciudadanos, “el poder armonizar la Constitución Política del Estado con el tema del combate a la corrupción”. Pidió el voto de confianza de los ciudadanos, pues afirmó que este Congreso está comprometido con esta tarea de armonizar los trabajos en la realización del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Diputada por el PVEM, Yolanda Josefina Otero, dio lectura al Acuerdo propuesto por la Junta de Concertación Política en el que se propone al Pleno de la Legislatura un proceso de selección para designar a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, en el cual se establece un proceso de selección que constará de tres fases: entrevista con los candidatos propuestos para ocupar el cargo, a desarrollarse en el transcurso de la próxima semana; posteriormente se realizará el análisis de las candidaturas propuestas los días 20 y 21 del mismo mes; y finaliza con la emisión de la propuesta de designación de los consejeros ciudadanos, a efecto de que sea incluido en el orden del día de la Sesión Ordinaria de Pleno a desahogarse el 27 de octubre próximo. Acuerdo que se aprobó con 23 votos a favor y 0 en contra.

El diputado Carlos Lázaro Sánchez comentó que para su partido, uno de los puntos clave de la agenda legislativa siempre será los derechos humanos y con este acuerdo se le da salida a una evidente problemática que no atañe a esta Legislatura como tal, sino que viene arrastrándose desde la administración pasada, por lo que espera que con este procedimiento se logre la transparencia de cara a la ciudadanía y tratar de atender las acciones legales de ciudadanos que se vieron afectados en sus intereses en función de la designación pasada y hoy puedan encontrar claridad en este proceso.

Igualmente se aprobó con 23 votos a favor la Autorización para suscribir un Convenio de colaboración interinstitucional, con el Poder Ejecutivo del Estado y el Poder Judicial del Estado, con la participación del Instituto Queretano de las Mujeres.

Al respecto intervino el diputado Mauricio Ortiz, quien reconoció la importancia de llevar a cabo acciones para articular mecanismos de colaboración entre las diversas instancias gubernamentales y la sociedad civil organizada, para el cumplimiento de las recomendaciones que pueden derivar de la petición de activación de la alerta de género. Dijo que para su grupo legislativo, toda acción y mecanismo que tenga como finalidad seguir consolidando los derechos de las mujeres, contará con el respaldo, apoyo, acompañamiento y solidaridad en el cumplimiento de dichas acciones, ya que de esa manera se podrá redundar en el fortalecimiento tanto del andamiaje jurídico, como de la cultura de prevención, denuncia y sanción de toda violencia de género. Dijo que los diputados del PRI se sumarán a los trabajos que deriven de los compromisos asumidos con la firma de este convenio, de manera particular con los cambios legislativos que sean necesarios en pos de una protección más efectiva al género femenino.

En otro asunto, el presidente de la Mesa Directiva dio cuenta, para conocimiento, del Informe Trimestral de la Dirección de Asuntos Legislativos, correspondiente al período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016.

 

 

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