Santiago de Querétaro, Qro.- En relación a los hechos ocurridos en nuestra Alameda Hidalgo y las calles de Corregidora y Zaragoza, suscitados desde el jueves de la pasada semana y que terminaron con el desalojo de 358 tianguistas que desde hace ya más de18 años tenían su espacio de trabajo en la entrada Norte de la Alameda Miguel Hidalgo, la diputada Isabel Aguilar Morales, hizo públicas las siguientes consideraciones:

En el asunto del desalojo de la alameda existen tres puntos importantes a destacar: 

1.- La detención de Pablo González Loyola deberá de aclararse, pues esta se hizo a todas luces de manera irregular, fincando delitos que tendrán que comprobarse, señalándolo como presunto responsable de motín, lo cual refleja más un tinte político y esta se realiza antes del desalojo total de los tianguistas de la Alameda, lo cual se habría intentado desde el jueves pasado.

2.- El desalojo se hace por la guardia municipal, violando los derechos de audiencia, de debido proceso y  de libre manifestación, además de violar las licencias que el propio municipio otorgó. Los 358 tianguistas -a dicho de ellos mismos- tenían sus licencias y sus pagos de piso e impuestos en orden. Es pues un desalojo ilícito. Sin embargo, el Secretario de Administración del municipio señala que no todos estaban regulares y los carritos no tenían ya el permiso de comodato que otras administraciones les habrían otorgado, Velázquez Pegueros aseguró que este operativo no fue un desalojo pues los carros son propiedad del municipio y no de los comerciantes, y agregó que este retiro forma parte del programa de ordenamiento del comercio en la vía pública, el cual contempla diversas acciones como operativos todos los días para verificar que los comerciantes trabajen bajo la ley.

3.- Si existía algún delito como se señala: prostitución, venta de estupefacientes ilegales, contrabando, etc.  Estos deberán de ser probados y, si así fuera, deberán de seguir debido proceso a quienes resulten responsables, lo cual no implica que los 358 tianguistas hicieran este delito, la ley se aplica en estos casos sobre los responsables y no de manera masiva, con un desalojo.

La legisladora Isabel Aguilar considera, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Estatal, que se han violado derechos fundamentales como el derecho a la manifestación, derecho a la reunión pública, derecho al debido proceso y derecho de audiencia.

Por lo que expresó que la autoridad deberá de esclarecer los hechos, apegados estrictamente a derecho, sin vulnerar los derechos humanos de este importante grupo de familias que hoy se ven sin su patrimonio y sin su espacio de trabajo, expresó “Si existen delitos que se castiguen conforme a la ley, pero no puede ser que 358 familias pierdan de la noche a la mañana su forma de vida sólo porque a la autoridad  le parece que pudieran existir algunos delitos en lo particular”.

 

 

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