TRAS LA VERDAD
PELIGRA EL SISTEMA JUDICIAL EN MÉXICO EN PERJUICIO DE TODOS
POR: HÉCTOR PARRA RODRÍGUEZ
El deseo de venganza del presidente López Obrador, hace peligrar el funcionamiento del sistema judicial federal y local.
El exacerbado autoritarismo nos puede llevar al quiebre en el equilibrio de los Poderes Públicos y destruir la autonomía del Poder Judicial que impide los abusos cometidos por las autoridades locales y federales en agravio de los gobernados; también por abusos cometidos entre particulares.
Literalmente quieren “barrer con el personal” que imparte justicia y generar nuevas reglas para la selección de ese personal: es descabellado.
El común de la gente ignora la trascendencia de la propuesta, al pensar que se encuentran alejados de los problemas de los políticos. Esta vez no es así. Precisamente todos los gobernados serían los afectados.
La vida de cualquier ser humano está regida por el Estado de Derecho y este lo hace respetar la autoridad judicial cuando son violados sus derechos, sea por autoridades o entre particulares.
Unos puñado de sátrapas a punto de violar los derechos de más de 120 millones de mexicanas y mexicanos.
Odiosas las comparaciones cuando alguien expresa que en algún país se eligen a las autoridades judiciales por medio de votaciones y no pasa nada. Otros argumentan que en los EUA se hace algo semejante. Ni lo uno ni lo otro es tan cierto. Por ejemplo, los norteamericanos utilizan el doble sistema para impartir justicia; el jurado popular, conformado por gente honorable, juzga y el juez aplica la pena correspondiente. El único país del sur de América que elige por voto popular a sus jueces, tiene un sistema de justicia pestilente, jueces incompetentes y sujetos al poder de grupos que de facto condicionan a dichas autoridades.
En México, solo se intenta “correr” al personal sin entrar al verdadero fondo del asunto: reformar las leyes.
Aquí radica parte del problema en materia de impartición de justicia, no en la elección de nuevos funcionarios que no pasarán por el filtro de la profesionalización de las autoridades en la materia. No, simplemente “cambiar para mejorar o eliminar la supuesta corrupción”.
La justicia no siempre se aplica por parte de las autoridades adscritas al Poder Judicial. También la hay en ámbitos administrativos, esos no se tocan por orden presidencial. En este caso me refiero a la “justicia” que deberán aplicar los 11 consejeros del Consejo General del INE, al momento de interpretar y aplicar la Constitución y ley electoral reglamentaria para asignar a 200 diputados de representación proporcional y 23 senadores por la misma vía.
Si los consejeros equivocan aplicando indebidamente las normas correspondientes, o bien, por razón a las presiones del Poder Ejecutivo Federal, para favorecer a un grupo político, en este caso al del presidente López Obrador, cometerán injusticia electoral que perjudicará a la democracia, consecuentemente al electorado ¿Por qué? Simple. La pretensión es otorgar más legisladores en proporción a la votación obtenida en las urnas, de suyo sería una tremenda injusticia.
El futuro de México en manos de 11 consejeros electorales.
Si el bloque gobiernista -Morena, PT y Verde- obtiene más legisladores de aquellos que proporcionalmente les corresponde legalmente acorde a su votación, tendrán la oportunidad de reformar la Constitución, destruir el sistema judicial y otras garantías o derechos humanos que son de todos los gobernados ¡Los mismos consejeros pierden! Los bufones de Palacio Nacional también perderían.
Muchos consideran que nada pasará si se reforma la Constitución, dado que su zona de confort no se verá afectada. También están equivocados, es el principio del fin. Sin autoridades que defiendan la violación de derechos, sea de autoridades o de particulares, las cosas cambiarán radicalmente. Estaríamos sujetos a jueces incapaces y corruptos; incapaces por la falta de experiencia en la impartición de justicia; y corruptos, por aceptar, en principio, el ejercicio de un cargo público para el cual no son competentes.
Parece una gracejada del presidente la intención de destruir al Poder Judicial, en principio, por rencillas personales. Ha hecho una larga campaña de desprestigio.
Han sido las autoridades del Poder Judicial las que han frenado muchos de los abusos de poder del presidente López Obrador: esa es su molestia. Por eso quiere correr a todos y meter a personal que pierda la independencia judicial.
Algunos de sus “agoreros”, como Ricardo Monreal, argumentan falazmente que la Suprema Corte de Justicia no puede anular lo que aprueba el Congreso de la Unión ¡Por supuesto que sí! En eso consiste el equilibrio de Poderes. Si el Congreso de la Unión viola la Constitución, la SCJN les corrige el “error”, les dice, por medio de sentencias, el por qué de la inconstitucionalidad de sus actos y aquellos, los legisladores, pueden volver a intentar otra reforma que no quebrante la Constitución.
Los legisladores del grupo gobiernista también se molestan -emulan a López- por el freno que les impone constitucionalmente la SCJN. Van por el autoritarismo legislativo.
Si a los legisladores que entrarán en funciones el 1º de septiembre próximo, constitucional y legalmente no les conceden la sobrerrepresentación en ambas Cámaras legislativas, simplemente no podrán reformar a su antojo la Constitución. Habrá entonces el equilibrio democrático que decidió la sociedad por medio del voto popular. Tendrán que consensar las iniciativas y no imponerlas, como es su pretensión.
No importará que AMLO, el grupo legislativo gobiernista y la nueva presidenta de la República, exijan lo que el voto popular no les dio, si esos 11 consejeros no acceden a los aberrantes caprichos del poder público.