Se analizan los expedientes y se espera tener resultados la próxima semana.
El secretario de la Contraloría, Oscar García González, informó que se recibieron cuatro denuncias por temas de presuntos acosos a mujeres por parte de trabajadores del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), de las cuales han concluido las investigaciones y el caso se encuentra en etapa de análisis.
Por ahora, dijo, los expedientes se encuentran en etapa de valoración y en los próximos días se conocerá el resultado; explicó que se trabaja en dos vertientes: en caso de que las denuncias fueran procedentes, qué va a continuar, y si no son precedentes, el por qué de las mismas; dejó claro que las investigaciones se llevaron a cabo con toda imparcialidad y apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Obviamente juzgar con imparcialidad, con justicia y a pesar de que es un tema fuerte y complicado, no dejarnos llevar por el contenido de la misma, si el servidor público es responsable, así será informado a ustedes y sancionado en su momento; si no lo es, desde luego que tendrá que ser absuelto y explicar los motivos a ustedes y sobre todo a las ofendidas el por qué no procedió la denuncia, es un tema importante que hay que manejar con mucha imparcialidad y sobre todo con mucha discreción”, puntualizó.
Refirió que han acudido varios testigos de las cuatro denunciantes para complementar su versión y se han realizado informes derivado de estas comparecencias, así como las de las personas que han sido señalados como presuntos.
El funcionario estatal aclaró que, de acuerdo a las denuncias, en ninguna forma se cometió acto de abuso sexual contra las denunciantes, sino que fueron comentarios lascivos, miradas, e invitaciones. Cabe destacar que hasta ahora se trata de faltas administrativas, pero si hay posibles consecuencias penales, se dará vista a la Fiscalía General del Estado.
Las sanciones que marca la Ley General de responsabilidades administrativas, van desde una amonestación, la suspensión hasta por tres meses sin goce de suelto, inhabilitación por 10 años o la destitución del puesto.