Santiago de Querétaro, Qro.-La Fracción Legislativa de Morena, llevó a cabo el “Análisis de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas”, con el objetivo profundizar en ella, para que los diputados locales electos retomen este proyecto, de la mano de organizaciones sociales y colectivos que trabajan en este tema.
La diputada Herlinda Vázquez Munguía, expresó que es un tema muy difícil de abordar, ya que no hay palabras para describir lo que pasan los familiares de desaparecidos y que día tras día continúan en la búsqueda de sus seres queridos, muchas veces, sin el apoyo de las autoridades. Precisó que en con la Ley General en materia de Personas Desaparecidas, se les da una esperanza a las familias, ya que de alguna manera, el que las autoridades se interesen en el tema, cura un poco las heridas de organizaciones, colectivos y ciudadanos que se han unido y han trabajado por esta causa.
En la mesa de trabajo participaron el representante del alto comisionado de la ONU en México, Alan García; el periodista Agustín Escobar Ledesma, quien ha realizado varias publicaciones sobre el tema; la activista Gisela Sánchez; José Ugalde Mejía, víctima de desaparición; integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja; integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; miembros de Organización Desaparecidos Justicia A. C., y los diputados electos por Morena Raúl Chávez, Néstor Domínguez Luna, Laura Patricia Polo Herrera y Paloma Arce.
En su intervención, Alan García, comisionado de la ONU, expresó que el papel del Poder Legislativo en la defensa de la Comisión de los Derechos Humanos es fundamental, ya que puede hacer contribuciones notorias en el tema de desaparición de personas. Reconoció que el estado de Querétaro es pionero en la realización de esta ley y fue un importante referente, por lo que consideró que fue fruto de organizaciones, colectivos y familias que exigieron una respuesta para enfrentar este desafío.
Indicó que México ha enfrentado la desaparición de personas desde hace 50 años, en donde fundamentalmente eran fuerzas represoras del gobierno quienes desaparecían a personas a quienes identificaba con movimientos armados o grupos de izquierda; posteriormente, de manera más reciente, en el contexto de la nominada “Guerra contra el narcotráfico” en donde el fenómeno de la desaparición de personas se agravó; México no contaba con un marco jurídico apropiado para enfrentar este flagelo, pero quedaba claro que era necesario dar este salto.
En su análisis, dijo que la Ley General en materia de Desaparición de Personas establece bases comunes para las autoridades federales, estatales y municipales con el fin de evitar una fragmentación normativa, en donde se establece un tipo penal de desaparición forzada acorde con los estándares internacionales; además, se reconoce otra categoría delictiva, que es la desaparición cometida por agentes no estatales o particulares; se plasma el carácter continuo o permanente de la conducta que implica que la desaparición de personas se mantenga en delito permanente y se consagre el carácter imprescriptible de ambas figuras delictivas; además, se agregan una serie de reglas pertinentes para el tema relativo al combate a la impunidad, como la imposibilidad de adoptar leyes de amnistía o cualquier otra medida que inhiba la obligación imperativa que tiene el estado de investigar, perseguir, juzgar, procesar y sancionar este tipo de conductas.
Asimismo, se establece igualmente un régimen de sanciones agravadas entre determinados supuestos, así como ciertos incentivos para favorecer que las personas que hayan estado involucradas que tengan conocimiento, provean cierta información a efecto de dar con el paradero de las personas desaparecidas o con los responsables.
Explicó que un segundo pilar de la legislación es el relativo al tema de búsqueda, en donde se plasma la obligación que tiene el estado de buscar a todas aquellas personas cuyo paradero se desconozca; se establece un sistema nacional de búsqueda y se crea una comisión nacional de búsqueda, imponiéndose a las entidades federativas la creación de comisiones; asimismo, se establece una serie de elementos fundamentales para proveer de un sentido y de un carácter certero los procesos de búsqueda como identificación, localización, restitución, registro nacional de personas desaparecidas, registro de personas fallecidas no identificadas, así como registro de fosas. En un tercer pilar, se robustece el apartado relativo al derecho de la reparación de las víctimas, especialmente establece normas relativas a las declaraciones de ausencia.
Finalmente, el comisionado de la ONU consideró que es fundamental que en el estado de Querétaro y desde el Poder Legislativo se preste atención a este tema, ahora que la diputada Herlinda Vázquez está terminando su gestión parlamentaria y deja la estafeta a los nuevos legisladores, para realizar un proceso de identificación de lo que para el estado supone la adopción de la Ley General, lo que supone la implementación del marco legislativo local vigente y la creación de un andamiaje que podría tener una cristalización legislativa con la asignación de recursos, además de la inclusión constante y permanente de las familias en todo el proceso.