TRAS LA VERDAD
CONTRADICTORIAS, NECIAS, RENCOROSAS E IGNORANTES
POR: HÉCTOR PARRA RODRÍGUEZ
Buenrostro, Esquivel, Ortiz y Batres, siguen “lamiéndose las heridas” al perder en la Segunda Sala de la SCJN, el juicio de amparo que prácticamente declaró inconstitucional una serie de reformas promovidas por AMLO y aprobadas por Morena y aliados.
6 empresas productoras de energía eléctrica lograron ganar el juicio de amparo con efectos generales, en contra del gobierno federal.
Varios meses atrás se esperaban paneles de controversias entre dichas empresas y los gobierno de los EUA y Canadá, en contra del gobierno mexicano, por el cambio de reglas; conflicto basado en violaciones al T-MEC, que costaría, según expertos, varios cientos o miles de millones de pesos al gobierno de AMLO (al erario).
Parte del recuento de daños. En el debate dado en el pleno de la Segunda Sala de la SCJN, quedaron dolidas las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, amloistas de corazón, que no constitucionalistas, a razón de haber perdido la votación para declarar la procedencia del amparo en favor de las empresas inconformes; más impotencia de las dolidas porque el ministro Alberto Pérez Dayán aplicó el voto de calidad para desempatar la votación de 2 a 2.
Después de haberse dado a conocer la ejecutoria de la Segunda Sala, se vino la lluvia de epítetos en contra del ministro Pérez, costumbre de los morenistas ante la falta de argumentos legales. Sin embargo, la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro en ese momento mostró beneplácito con la sentencia, lo cual evitó la controversia con los dos gobiernos en comento. Declaración congruente (en ese entonces).
Semanas después, Raquel Buenrostro tuvo que recular y desdecirse, al criticar y asegurar que se había equivocado la SCJN, al declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica. Le jalaron las “orejas” de burro, de tal suerte que, lo que unas semanas antes aplaudió, ahora es reprobado por la señora Secretaria de Economía. Incongruencias entre la política y la técnica jurídica.
Hoy lunes 4 de marzo en la 107 Asamblea General de la American Chamber of Commerce México (Amcham), Buenrostro respondió a pregunta expresa sobre si seguía o no vigente el conflicto con Estados Unidos por la política energética mexicana, a lo que la funcionaria afirmó: “Es correcto, la Suprema Corte se equivocó”.
A finales de febrero pasado la SCJN emitió un boletín en el que, se lee entre otras cosas que: “Declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, como lo decidió en enero la Segunda Sala, impactó de “manera decisiva” en el sector, que dejó sin efecto la controversia que Estados Unidos y Canadá formularon en julio de 2022, en el marco del T-MEC, contra la política energética de México”.
A consecuencia de la ficha informativa de la SCJN, las ministras morenistas, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, se molestaron y armaron un “mitote” en la Corte, al expresar sus inconformidades y afirmar que, se está tratando de pervertir el fallo en el amparo que la Segunda Sala concedió a empresas del sector contra la reforma eléctrica del presidente Andrés López Obrador. Dolidas.
Contradictorias, necias, rencorosas e ignorantes las morenistas. Se espera que la presidenta de la SCJN, pudiera emitir alguna respuesta eminentemente jurídica, a las señoras ministras que se dedican a hacer política e ignoran el cumplimiento y respeto a la Constitución.
Solo a eso llegaron las ministras conflictivas, a pretender desestabilizar la Corte con ideas políticas sesgadas y no con argumentos jurídicos y constitucionales. Pero, se quedarán con las ganas las amloistas, ellas juntas, las tres, no pueden con los razonamientos y conocimientos jurídicos de la ministra presidenta. Aquellas no dejan de dar lata y así seguirán. Buenrostro, simplemente se doblegó y tocó al son que le marcaron.
Al final, el amparo quedó firme. Lo único que pueden hacer las 4 señoras, con Buenrostro, es ruido, eso es todo. La ejecutoria que declaró la procedencia del amparo dejó sin efectos los preceptos de la inconstitucional ley que violaban la Carta Magna y el T-MEC y con efectos generales. O sea, beneficia a todos los empresarios inconformes que no acudieron al juicio de amparo.