Exhorta a mantener el orden y el Estado de Derecho; a ser responsables en el uso de las redes sociales.  

Al manifestar que como gremio se entiende y son solidarios con el malestar social que generó el aumento al precio de las gasolinas en México, el presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Calixto de Santiago Silva, exhortó a no realizar ningún tipo de acto vandálico como saqueos o robos en comercios y establecimientos, que implican consecuencias jurídicas penales; conminó también a ser responsables en el uso de las redes sociales para no causar pánico entre la sociedad.

“Estamos en contra de los aumentos como se dio en el tema del “gasolinazo”, pero también estamos en contra de cualquier circunstancia que pudiera afectar a la sociedad en general como los saqueos y acciones que van en contra de la sociedad misma, y de la economía familiar en un primer nivel”.

Recordó que aunque propiamente en Querétaro no se han presentado saqueos como en otras entidades del país, este acto implica consecuencias jurídicas para cada una de las personas que cometan el ilícito porque, dijo, “Es un acto vandálico, no es un tema de expresión”.

“Se trata de robo, rapiña y una consideración que no podemos permitir en el estado de Querétaro”.

Calixto de Santiago refirió que respetar la Ley a través del Estado de Derecho es la parte fundamental y andamiaje de la sociedad queretana. “Creemos en el derecho de expresión como la parte fundamental del debate de las ideas, pero todo debe de ser en orden, con respeto y en apego a la legalidad”.

En cuanto al manejo de las redes sociales, el presidente del Colegio de Abogados, consideró que cualquier usuario de estas plataformas tecnológicas debe de ser responsable en el manejo de información que difunde o reproduce, “debemos verificar el tipo de información que se está suscitando al momento, pues es obligación de todos cerciorarnos de lo que realmente está pasando para no causar pánico entre la sociedad”.

Por último, mencionó que como abogados litigantes respaldarán a las autoridades en la aplicación irrestricta del Estado de Derecho, siempre y cuando se realice en apego al respeto de las garantías y Derechos Humanos de las personas.

 

 

 

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