TRAS LA VERDAD
POR: HÉCTOR PARRA RODRÍGUEZ
Este miércoles 26 de septiembre se cumplieron 4 años del brutal asesinato de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa, ubicada en el Municipio de Iguala, Guerrero, a manos del crimen organizado, con la ayuda de las autoridades perredistas de aquel lejano municipio: los Abarca. Policía municipal coludida como tantas otras con la delincuencia. Un tema de naturaleza penal que en pocos días se transformó en un movimiento político que hasta hoy rinde frutos para los organizadores; aunque estos no atinen cuál es el verdadero rumbo a seguir con su movimiento ¿Tal vez busquen el reconocimiento internacional y autoridades federales de un crimen de Estado que no existe, para enjuiciar al Presidente de la República? Eso no sucederá.
Como otros tantos asuntos, este resultó de suma delicadeza, no fue atendido con oportunidad, no se deslindaron a tiempo y terminó en manos de las autoridades federales sin que las municipales y estatales cumplieran con su responsabilidad legal. El gobierno federal de inmediato aceptó la competencia del fuero penal, dejando a un lado a las autoridades estatales, entonces gobernadas por el PRD. El mal manejo mediático, característica del gobierno peñista, no dirigió adecuadamente los reflectores mediáticos; autoridades de la procuración de justicia, más políticos que jurisconsultos en la materia, dieron al traste con el asunto, a grado tal que fue relevado del cargo de Procurador Jesús Murillo Karam. El procedimiento de procuración de justicia encontró deficiencias en los inicios de la investigación, con aquello de la custodia de la cadena de las pruebas y contaminación del lugar de los hechos; ello fue aprovechado por la oposición política para exaltar errores, vaya hasta el sacerdote Alejandro Solalinde se involucró, afirmando que los “fieles” a su iglesia le habían confesado el lugar en el que se encontraban los restos de los normalistas. Hubo que acceder, incluso al apoyo satelital para reforzar la teoría del lugar de la incineración de los cuerpos. Han sido más importantes los detalles que el fondo del asunto.
Los pocos restos que fueron hallados en la riviera del río y el basurero de Cocula, en el que los delincuentes vertieron en bolsas los restos de los normalistas, fueron analizados en el extranjero, en la prestigiosa Universidad de Innsbruck, Austria, para convencer a los activistas del movimiento político, que esos restos pertenecieron a los cuerpos de los normalistas; minúsculos pedazos de hueso llevaron a los científicos a confirmar, por medio del ADN, que pertenecieron a los cuerpos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Ello tampoco ha sido suficiente para convencer a los padres de los 43 y sus asesores, del violento fallecimiento de los normalistas. Siguen con el grito que exige lo imposible: “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”.
El terrible homicidio colectivo trascendió las fronteras, se han dedicado a recorrer varios países y toda la República Mexicana, para denunciar un “crimen de estado” que nunca ha existido. Hasta ahora nadie ha creído la versión del crimen de Estado. También han pretendido involucrar al Ejército Mexicano, como coparticipe en los hechos de la desaparición; el movimiento inventó la descabellada propuesta de invadir los cuarteles de las 32 Zonas Militares ubicados en todos los Estados, para que, ellos y personal extranjero verificaran que los 43 normalistas no estuvieran detenidos en alguna de las Zonas. El ataque directo del movimiento político es al Estado Mexicano. Ante la ciega y perversa tenacidad de los asesores y padres de familia, hubo que contratar y pagar por parte del gobierno federal, un grupo de “expertos científicos” de izquierda, extranjero (no confían en los connacionales), para que analizaran y valoraran las pruebas aportadas por las autoridades mexicanas, para después dictaminar; muchas de ellas fueron descalificadas por los “expertos”. Por petición de los padres de las víctimas y anuencia del gobierno, permitió que la CIDH, interviniera y cobrara muchos millones de pesos por su trabajo (participación política). Estos también se dedicaron a descalificar muchas de las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Labor de zapa para favorecer a los delincuentes detenidos y confesos.
El movimiento político de oposición que durante 4 años han sostenido los inconformes no puede claudicar, no pueden arriar las banderas de los supuestos abusos cometidos por las autoridades, no pueden abandonar la supuesta búsqueda de los fallecidos que ya no existen; de hacerlo, su movimiento terminaría. Este movimiento ha tenido el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, quien ha ofrecido todo el apoyo de su gobierno; también ha ofrecido que se investigará más profundo, independientemente de lo que resuelva la autoridad jurisdiccional; este 26 de septiembre, López Obrador ofreció todo su apoyo político a los padres de los asesinados (desaparecidos para muchos), que se vuelva a contratar al grupo “independiente” de expertos de la ONU; también ofreció que se indagará a todos, y que todos participen en la investigación, aseveró el Presidente electo; que también se investigue al Ejército, dijo. Los padres de familia que buscan a los muertos, quedan felices con el ofrecimiento de Andrés Manuel. Que ellos (gobierno de Amlo) buscarán hacer justicia, no a buscar la “verdad histórica de los hechos”. Este mismo día, a 4 años del homicidio colectivo de los 43 normalistas, vuelven a confirmar que el movimiento encabezado por los padres de familia y asesores, sigue siendo de naturaleza política. Desatienden los principios del derecho para sumergirse en el terreno pantanoso de la política. En materia de Derecho Penal, las palabras despreciadas por los inconformes, son principios jurídicos, dado que para resolver cualquier asunto delincuencial se busca la verdad histórica; conocer quién, cómo, dónde y cuándo sucedió el hecho delictivo; a eso se le llama verdad histórica. Para el colectivo que anda en busca de una inalcanzable ilusión, impera la ignorancia e imponen la política como principio, sin importar que se trastoquen las reglas del Derecho Procesal y Penal. Y para el Presidente electo, es imperativo quedar bien con ellos: es política. Hoy todo son promesas, aun no ejerce el gobierno. Veremos el día de mañana a quiénes culpan de la tragedia. Por lo pronto, todo queda en promesas y los padres de los 43 se fueron felices después de haber sido recibidos por el Presidente electo, mucho más con las promesas que les hicieron.
Para colmo un Tribunal Colegiado, pretende obligar al Ministerio Público, que cree una “comisión de la verdad” para que investigue los hechos. Aberrante resolución que deberá atender la Suprema Corte de Justicia, dada la negativa y con justa razón del MP. Serían tanto como reconocer que ninguno de los más de 100 detenidos y procesados no son responsables de los delitos que se les imputan, entre ellos el múltiple homicidio de los 43. Todas las pruebas están en manos de la misma autoridad judicial (federal) sujetas al desahogo del procedimiento, por ello resulta inaudito que ese Tribunal (Magistrados) haya ordenado la creación de esa “amorfa y antijurídica” figura para que investigue la “verdad”. Además, de acatar la resolución y hacer lo que mandata esa autoridad, el PM, cuya función es persecutora, se desnaturalizaría ¿Acaso quieren la libertad de los asesinos? ¡Inconcebible! O ¿A quién pretenden encubrir que temen se conozca toda la verdad histórica? ¿Tal vez los normalistas traficaban drogas y por eso fueron interceptados por otro cártel? O Simplemente fueron manipulados por quienes sí se dedican al trafique de la droga y confundieron a los normalistas. Siempre quedarán la interrogante ¿Qué hacían los estudiantes esa noche fuera de su escuela a kilómetros de distancia en un camión robado? Cuando que, la obligación de los 43 estudiantes era estar en el interior del internado, durmiendo y en espera de recibir clases por la mañana. Pero no, iban a botear (dijeron unos) para ir al DF, a la marcha de conmemoración del 2 de octubre ¿Quién organizó a los 43? ¿Quién los obligó a dejar las aulas para acudir a cientos de kilómetros de distancia? Eso parece no importar a nadie. El movimiento político es lo que importa, todo lo demás es secundario. No olvidemos que los normalistas, especialmente los del Isidro Burgos, son educados para combatir al gobierno.