La política mexicana enfrenta uno de esos momentos que no admiten matices: la solicitud de extradición contra Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos no es sólo un asunto judicial: es un parteaguas político que coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a una decisión de alto costo, sin salidas cómodas
El dilema es claro y brutal
Si la Presidenta decide proteger a Rocha Moya bajo el argumento de soberanía, debido proceso o falta de pruebas, el mensaje político será inmediato: la “Cuarta Transformación” estaría dispuesta a defender a uno de los suyos incluso bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado. En ese escenario, el costo no es sólo jurídico, es moral. La narrativa de combate a la corrupción se debilita, y la credibilidad presidencial se pone en juego ante la opinión pública nacional e internacional
Pero el otro camino tampoco es sencillo
Si Sheinbaum permite o facilita la extradición, envía una señal potente de que no hay intocables. Sin embargo, esa decisión inevitablemente abriría una grieta interna en Morena, porque el origen político de Rocha Moya está vinculado al proyecto que encabezó Andrés Manuel López Obrador. En términos políticos, entregar a Rocha no sólo sería una decisión jurídica: sería trasladar el costo hacia el pasado inmediato del propio movimiento
Y ahí radica el fondo del problema
No se trata únicamente de un gobernador acusado. Se trata de definir si el poder se usa para proteger o para someterse a la ley. De determinar si el discurso de “cero impunidad” es un principio o una herramienta política
Desde Querétaro, la reflexión es obligada: cuando la justicia se politiza, pierde legitimidad; pero cuando la política evita la justicia, pierde autoridad
La Presidenta no enfrenta un caso más, enfrenta la decisión que marcará su sexenio
Gustavo Buenrostro
Por Querétaro Todo, AC