Respecto del paro de transporte que afectó la movilidad en la zona metropolitana de Querétaro, la tardenoche del miércoles 10 de octubre, manifestamos lo siguiente:
Los concesionarios han olvidado que, al igual que los servicios de salud, de recolección de basura y seguridad pública, no pueden detener sus actividades sin causar graves daños a la convivencia social; el transporte público es una concesión otorgada por el gobierno para que, a través del concurso de particulares, se otorgue un servicio fundamental para la ciudadanía y que, al faltar a su cometido, ocasiona incontables pérdidas económicas, sociales y de seguridad pública, sin olvidar el no cuantificable aunque muy perceptible daño a la calidad de vida. Miles de personas quedaron a la deriva, sin el transporte que, aunque muy deficiente en términos de frecuencias de paso, trato al usuario y comodidad, es utilizado por ser el único a su disposición.
Es probable que luego de esta medida extrema y condenable, cualquier incremento a partir de ahora se vuelva un acto jurídico sin validez. El artículo 164 de la ley de Transporte del Estado dice: “Las tarifas se revisarán por lo menos cada dos años o antes si la inflación obtenida en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor sobrepasa el 10% anual, tomando como referencia los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la acreditación satisfactoria del usuario y se cuente con eficiencia del cumplimiento de rutas, en términos de lo que determine el reglamento respectivo”. ¿Cómo se dará cumplimiento al requisito: “acreditación satisfactoria del usuario”? La teoría general del Derecho menciona que cualquier acto jurídico bajo presión, que conculque la voluntad de elegir, adolece de un vicio de consentimiento, y por ello será considerado nulo. Junto con ello, el paro de transportistas da cuenta de que la eficiencia del cumplimiento de rutas quedó trastocada fatalmente.
Detener el servicio de transporte colectivo como medida de presión para incrementar la tarifa, obliga a replantear el esquema de concesiones, que dejó sin alternativa a más de 60% de habitantes de Querétaro que utilizan este medio de transporte para sus desplazamientos cotidianos. ¿Qué opciones tenemos a QroBUS, de facto convertido en monopolio, algo prohibido por la Constitución?
Invitamos a la recién constituida legislatura local y diputados federales a estudiar modelos distintos de ofrecer el servicio de transporte público. En casi todos los países de la OCDE, el servicio es otorgado por el Estado a través de asociaciones público-privadas, con reglas de operación y calidad en el servicio muy estrictas, con énfasis en sanciones extremas en caso de incumplimiento. En otros lugares del mundo, es el mismo estado o la municipalidad quienes lo ofrecen directamente. Los paros de transporte previos y el que recién padecimos, donde quedamos a merced de la voluntad de unos cuantos afectando a miles, dan cuenta de lo obsoleto y peligroso del esquema actual; urge un replanteamiento profundo, tal vez uno que erradique el modelo existente. Un modelo nuevo que no obligue a “negociar” con presiones y medidas lesivas que afectan el funcionamiento de la ciudad. El paro de transporte nos vuelve a recordar que el único interés de los concesionarios es su ganancia económica, no el bienestar de la colectividad.
Observatorio Ciudadano de Movilidad QUERÉTARO ocmqro